La FAMPA apoya las reivindicaciones en defensa de la escuela pública

La FAMPA Castelló Penyagolosa manifiesta su acuerdo con las reivindicaciones que se defienden en las movilizaciones convocadas para el próximo 31 de marzo en defensa de la escuela pública, que responden a la necesidad de reclamar a las administraciones medidas concretas que garanticen una mejora real de la enseñanza pública en todos sus ámbitos. Se trata de asegurar que niñas, niños y jóvenes puedan aprender, y que toda la comunidad educativa pueda desarrollar su labor en condiciones dignas, con recursos suficientes y en espacios seguros y adecuadamente climatizados, entre otras reivindicaciones. Esta jornada valora la dignidad de la enseñanza pública como pilar fundamental de nuestra sociedad.

Asimismo, la FAMPA manifiesta su apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, de la que forma parte, y anuncia que se sumará a las concentraciones convocadas, reforzando así sus valores de colaboración, participación y defensa de los derechos de las familias. La federación anima a la comunidad educativa y a la sociedad en general a reconocer la importancia de una enseñanza pública fuerte, justa, respetada y en valenciano.

Cabe recordar que la FAMPA Castelló Penyagolosa es una organización civil que representa a las familias y no un agente social con capacidad para negociar colectivamente o convocar conflictos laborales. Según la legislación vigente, el derecho de huelga corresponde exclusivamente a los trabajadores y trabajadoras y a los sindicatos que los representan, por lo que no forma parte de las competencias de una federación de AFA la paralización de la actividad docente.

Las familias tienen la obligación legal de asegurar la asistencia de sus hijos e hijas a los centros educativos durante las etapas obligatorias. Una comunicación de la FAMPA no exime de responsabilidad por las faltas de asistencia si el centro se mantiene abierto. Cabe añadir que el alumnado sí tiene regulado el derecho a no asistir a clase como forma de protesta, normalmente a partir de 3.º de ESO, siempre mediante decisiones colectivas comunicadas a la dirección del centro, pero no es un derecho que las asociaciones de familias puedan ejercer de manera unilateral en nombre del centro o de sus hijos e hijas.